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Recibir una citación para comparecer ante el tribunal de inmigración es una de las experiencias más aterradoras a las que se puede enfrentar una persona o una familia. La amenaza de la deportación es real, pero no siempre significa que la expulsión sea inevitable. La ley de inmigración ofrece varias vías de protección que pueden permitir que alguien permanezca en Estados Unidos de forma legal, incluso después de que hayan comenzado los trámites de expulsión. Entender esas opciones es el primer paso para preparar una defensa sólida.
¿Qué significa estar en proceso de expulsión?
El proceso de expulsión empieza cuando el Gobierno presenta una «Notificación de comparecencia» ante el tribunal de inmigración, en la que se acusa formalmente a un no ciudadano de ser susceptible de expulsión.
Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) decide que alguien puede ser objeto de expulsión, inicia el proceso presentando una «Notificación de comparecencia» (NTA) ante un tribunal de inmigración bajo la jurisdicción de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). El demandado, es decir, la persona a la que se le quiere expulsar, tiene que comparecer ante un juez de inmigración para responder a esos cargos.
Que te pongan en un proceso de expulsión no significa automáticamente que te vayan a deportar. El demandado tiene derecho a presentar una defensa, solicitar medidas de protección y recurrir las decisiones desfavorables ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
¿Qué medidas de protección se pueden solicitar en el tribunal de inmigración?
En el tribunal de inmigración pueden existir varias formas de protección, como la cancelación de la expulsión, el asilo, la suspensión de la expulsión y el ajuste de estatus.
El tipo de protección a la que puede optar una persona depende de su historial migratorio, sus vínculos familiares, el tiempo que lleve residiendo en EE. UU. y las circunstancias concretas que la hayan llevado a estar sujeta a un procedimiento. A continuación te cuento cuáles son las opciones más habituales.
Anulación de la expulsión
La anulación de la expulsión puede darse de dos formas distintas, dependiendo de si el demandado es un residente permanente legal (LPR) o no lo es.
Para los residentes permanentes (LPR), para que se apruebe la cancelación, hay que haber tenido residencia permanente legal durante cinco años, haber vivido de forma continua en EE. UU. durante siete años tras haber entrado legalmente con cualquier tipo de estatus y no haber sido condenado por un delito grave con agravantes. Si te la conceden, conservas tu tarjeta de residencia.
Para quienes no tienen permiso de residencia permanente (LPR), el listón está más alto. El solicitante debe demostrar diez años de presencia física ininterrumpida, buena conducta durante ese periodo y que la expulsión causaría un perjuicio excepcional y extremadamente inusual a un cónyuge, padre o hijo ciudadano estadounidense o residente permanente legal que cumpla los requisitos, un criterio que exige un perjuicio considerablemente mayor de lo que suele esperarse en los casos de deportación. Estos casos requieren una documentación sólida y un expediente fáctico convincente.
Sin embargo, la «regla de suspensión del cómputo» (tanto para los titulares de permiso de residencia permanente como para los que no lo tienen) suele poner fin al cómputo de la residencia continua o la presencia física cuando se entrega una «Notificación de comparecencia» o cuando la persona comete ciertos delitos que la hacen inadmisible o susceptible de expulsión, lo que ocurra primero.
Asilo y suspensión de la expulsión
El asilo es una de las formas de protección más importantes que ofrece la legislación de inmigración de EE. UU. Para poder optar a él, el solicitante debe demostrar que tiene un temor fundado a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política, tal y como se define en el artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Por lo general, la solicitud de asilo debe presentarse en el plazo de un año desde la llegada a Estados Unidos, aunque hay excepciones en caso de circunstancias cambiadas o extraordinarias. Si te deniegan el asilo, pero el juez de inmigración considera que tienes una «probabilidad clara» de sufrir persecución (lo que normalmente se interpreta como que es más probable que no, o más del 50 % de posibilidades), aún así te pueden conceder la suspensión de la expulsión según la sección 241(b)(3) de la INA. La suspensión no te da derecho a una tarjeta verde, pero evita que te deporten al país donde temes sufrir daños.
Protección en virtud de la Convención contra la Tortura
La Convención contra la Tortura (CAT) ofrece una forma de protección independiente para aquellas personas que puedan demostrar que es más probable que menos probable que sean torturadas por un funcionario del Gobierno, o con su consentimiento, si regresaran a su país de origen. La protección de la CAT no requiere que exista un vínculo con un motivo protegido y está disponible incluso para los solicitantes a los que, por otros motivos, se les deniega el asilo o la suspensión de la expulsión.
Ajuste de estatus
En algunos casos, una persona sujeta a un procedimiento de expulsión puede tener derecho a ajustar su estatus al de residente permanente legal gracias a una relación familiar que cumpla los requisitos o al patrocinio de su empresa. Un juez de inmigración puede tener competencia para resolver las solicitudes de ajuste de estatus en los procedimientos de expulsión, aunque en algunos casos, como el de ciertos extranjeros recién llegados, la competencia recae en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) y no en el tribunal.
Salida voluntaria
La salida voluntaria no es una forma de protección, pero vale la pena entenderla como una opción estratégica. Según el artículo 240B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), un juez de inmigración puede conceder al demandado permiso para salir del país voluntariamente antes de una fecha determinada. Esto evita una orden formal de expulsión y mantiene el derecho a ciertos beneficios de inmigración en el futuro. Si la salida se produce después de una orden de expulsión, se impide la reentrada durante años y, en algunas circunstancias, puede dar lugar a prohibiciones permanentes.
¿Qué pasa si te deniegan la ayuda?
Si un juez de inmigración deniega la protección solicitada, el demandado suele tener 30 días para presentar un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Recurrir ante la BIA no supone automáticamente una segunda oportunidad; hay que demostrar que hay un error jurídico en la decisión del juez de inmigración. Si la BIA confirma la denegación, podría ser posible recurrir ante el tribunal federal de apelación, dependiendo de los argumentos que se hayan planteado. El proceso es complicado desde el punto de vista procedimental y los plazos son muy estrictos.
Cómo abordamos la defensa ante el tribunal de inmigración
En Jarrett & Price, LLC, cada caso lo lleva directamente un abogado, sin delegarlo al personal. Creemos que los clientes que se enfrentan a una expulsión se merecen que un abogado colegiado trabaje activamente en su caso, y no que se limite a supervisarlo desde la distancia. Nuestros clientes se comunican directamente con un abogado responsable durante todo el proceso, así que siempre saben exactamente en qué punto está su caso y qué se está haciendo en su nombre.
Tanto si estás por la zona de Duluth como si vives en Pooler, nuestro bufete está preparado para analizar tu situación e identificar todas las vías de ayuda disponibles. Ponte en contacto con nosotros por internet o llama al 855-909-3021 para hablar con un abogado sobre tu caso.
